Ante los ataques que está sufriendo la tauromaquia,
el futuro de la fiesta de los toros pasa por una defensa activa desde el Derecho.
Esta convicción ha motivado la creación por un conjunto de aficionados de lo
que se ha venido a llamar la “Plataforma de acción Ignacio Sánchez Mejías”, que
nació al calor del VII Seminario de la Cátedra Ignacio Sánchez Mejías de la
Universidad de Sevilla que tuvo lugar en la Real Maestranza de Sevilla los días
27 y 28 de octubre de 2015.
Desde esta plataforma entendemos que hay dos campos
de acción jurídica que requieren la adopción de medidas inmediatas: el pleno
desarrollo de la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural
inmaterial para defender esta condición ante las Administraciones públicas, de
un lado; y, de otro, la protección jurídica de los aficionados y los
profesionales del toro frente a las conductas agresivas y difamatorias de los
antitaurinos.
ANTECEDENTES.-
1º) En la última década, las
corrientes abolicionistas han cristalizado en prohibiciones legales y en
amenazas crecientes al mantenimiento de la fiesta. La ley abolicionista
catalana de 2010 es la encarnación más neta de esta tendencia, que ha prendido
-con vocación de permanencia- en muchas ciudades y Comunidades Autónomas que se
declaran hoy antitaurinas. La marea ha llegado también a algunos países
taurinos de ultramar (como Colombia, Venezuela, Perú o el propio México).
Paradójicamente, Francia, donde la legislación taurina nació marcada por el
signo del proteccionismo de una tradición minoritaria y territorialmente
localizada, logró en 2010 la inscripción de la tauromaquia del sur de Francia
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la UNESCO.
2º) Esta última fue la aspiración
que impulsó la iniciativa legislativa popular que finalmente condujo a la
aprobación de la Ley 18/2013, de 12 de diciembre, para la regulación de la tauromaquia
como patrimonio cultural. La declaración legal de la tauromaquia como bien
cultural español supone que el Estado pueda cumplir con el mandato
constitucional de proteger valores “comunes” y reconocibles en términos
históricos y culturales que le incumbe prioritariamente conservar por tratarse
de manifestaciones culturales cuya existencia y protección trasciende del
interés de una Comunidad Autónoma. No obstante, por su limitada posición
sectorial, la Ley 18/2013 no podía ser el instrumento adecuado para abordar una
regulación completa de categoría jurídica del patrimonio cultural inmaterial, y
tuvo que limitarse a aquella declaración y a prever, al mismo tiempo, el
desarrollo de medidas concretas de fomento y protección de la tauromaquia a
través de la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Fomento y
Protección de la Tauromaquia (PENTAURO), que se tramitó prácticamente en
paralelo a la Ley y que se aprobó por la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos
el 29 de diciembre de 2013. Pero, como la propia Ley 18/2013 reconocía, hacía
falta dar un paso más para aplicar en España las medidas de protección que
contempla la Convención UNESCO para que determinadas manifestaciones culturales
entren a formar parte del patrimonio cultural inmaterial y ser protegidas como
tales con instrumentos jurídicos nacionales, cosa que sólo podía hacer una Ley estatal
de carácter general que acogiese dentro de nuestra legislación el mandato y los objetivos de
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO.
3º) Este fue el paso que dio la Ley
10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
que abre una oportunidad única para blindar la fiesta desde un modelo de
protección que permitiría incidir en el carácter cultural de la fiesta y
comprometer más firmemente ante las instituciones públicas la necesidad de
preservarla y de programar y financiar su fomento y promoción, en línea con los
objetivos que en este sentido se plasmó el PENTAURO, pues, como declara la
propia Ley 10/2015, ambas medidas son complementarias.
PLAN DE ACCIÓN.-
1º) La tauromaquia cumple
sobradamente todos y cada uno de los elementos diferenciales que las
manifestaciones culturales han de acreditar para poder ser consideradas como
bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial en el marco de la Ley 10/2015.
Lo que se necesita para ello es que el Ministerio de Cultura, por petición
motivada de personas físicas o jurídicas que esgriman un interés legítimo para
ello, inicie un expediente de declaración de la Tauromaquia como “Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”, que es la fórmula legal
concreta que permitiría proteger la Tauromaquia desde el Estado y adoptar
medidas de salvaguardia frente a su menoscabo. Al tiempo que se tramita esa
declaración ante el Ministerio de Cultura, debería instarse a la Administración
central que elevase a la UNESCO una propuesta para la inclusión de la
tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, y, más concretamente, en la Lista de bienes que requieren “medidas urgentes
de salvaguardia” que reflejen de los principios y objetivos de la Convención
UNESCO. Para esto último sería conveniente recabar el apoyo y el compromiso de
los ocho países que cuentan con una tradición taurina acreditada (Portugal,
Francia, México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, además de España), pues
el único que ha logrado esa inscripción, y sólo para la vivencia de la
tauromaquia en dicho país, es Francia.
El pleno desarrollo de la consideración de la
tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial permitiría un auténtico
blindaje jurídico frente a declaraciones abolicionistas u obstruccionistas a la
fiesta que las propias Administraciones públicas, sobre todo las locales, están
continuamente haciendo, ya sea desde la retirada de fondos públicos a la fiesta
y a las escuelas de formación, ya desde el rescate de concesiones de plazas de
toros de titularidad municipal, ya sea prohibiendo la exhibición de publicidad
anunciadora de festejos. Todas estas decisiones, que tiene la naturaleza
jurídica de actos administrativos, se pueden y se deben impugnar ante los
Tribunales para garantizar el derecho de los aficionados al disfrute de un bien
considerado patrimonio cultural inmaterial.
2º) Desde la perspectiva de la protección de la dignidad de la
fiesta, de los aficionados y de los profesionales frente las manifestaciones
antitaurinas cada vez más incisivas y generalizadas debemos fijar nuestra
atención al ejemplo de otros países, como Colombia o Francia, donde la fiesta
está ampliamente discutida, que aportan una interesante perspectiva para
orientar la defensa de la fiesta desde la protección jurídica de las minorías.
Este debe ser el
punto de partida para la persecución jurídica en el ámbito penal de las
conductas de los colectivos antitaurinos que sobrepasan el ejercicio de la
libertad de expresión que constituyen un verdadero discurso del odio que se
ejerce desde la impunidad de internet, de las redes sociales y del acoso
directo en los propios espectáculos taurinos. La última reforma del Código Penal,
de marzo de 2015, abre una nueva puerta en este sentido al condenar penalmente,
junto a los clásicos delitos contra el honor (injurias y calumnias), las
conductas que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al
odio, hostilidad, discriminación o violencia frente a un grupo de personas
identificado por alguna condición cultural, lo que ha reforzado enormemente la
vía penal de acción frente a los colectivos antitaurinos, que se une de
este modo a la también regulada protección civil frente a los ataques a la
dignidad y honorabilidad de los aficionados y de los profesionales de la fiesta
(Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al
honor, a la intimidad y a la propia imagen).
OBJETIVO: Pasar de al indignación a la
acción
Los aficionados que integramos la “Plataforma de
Acción Ignacio Sánchez Mejías” estamos firmemente convencidos de dos cosas: que
la defensa de la fiesta de los toros ha de librarse hoy desde el mundo del
Derecho y de los Tribunales y que ello no será posible sin un liderazgo claro
de la afición, que es el único colectivo que no tienen intereses económicos en
la fiesta, ni directos, ni indirectos; el único que no participa de las
corroídas luchas intestinas del sector (sino que más bien las padece) y cuyo
único ánimo es la reivindicación, defensa y preservación de un bien cultural
que estiman como algo esencial a sus vidas e íntimamente propio.
El propósito de la Plataforma, en este sentido es
doble: recabar el mayor número de apoyos posibles para impulsar ante el
Ministerio de Cultura el expediente de declaración de la tauromaquia como una “Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial” español en el marco de la
Ley 10/2015, lo que incluiría también promover su inclusión en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y la adopción de un Plan de
Salvaguarda que contemple todas las medidas de información, sensibilización,
educativas y de ayuda y promoción económica que son necesarias para el
restablecimiento y la difusión cultural de la fiesta; así como estar atentos a
los ataques que la misma sufra desde las Administraciones que adoptan medidas
de obstrucción o de negación cultural de la fiesta y a los colectivos y
movimientos antitaurinos, para reaccionar frente a estas agresiones ante los
Tribunales.
A día de hoy, la Plataforma de Acción Ignacio
Sánchez Mejías ha recabado el apoyo explícito de:
- La Cátedra “Ignacio Sánchez Mejías” de la
Universidad de Sevilla
- La Unión Taurina de Abonados y Aficionados de
Sevilla
- La Fundación de Estudios Taurinos de la
Universidad de Sevilla
- La Unión taurina de Abonados y Aficionados de
España
- Moeckel Abogados
- SdeP & Carrillo Abogados
%20DURILLO,%20N%C2%BA%20102%20-%20Jos%C3%A9%20GARRIDO.JPG)
.JPG3756)
